Los tres años de disputa de la SMA con Cooke, la salmonera canadiense que evalúa acciones contra el Estado chileno

El gerente general de Cooke Aquaculture Chile, Andrés Parodi, no ha tenido pelos en la lengua para criticar a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Hoy el conflicto entre la salmonera y el ente liderado por Marie Claude Plumer tiene que ver con la paralización de un centro de cultivo, debido a una medida provisional que consiguió la SMA en el Tercer Tribunal Ambiental. Esa fue la gota que rebalsó un vaso que venía llenándose desde 2021 y que vuelve a poner sobre la mesa las discrepancias regulatorias en torno a la industria acuícola.

“Esto no es el far west, yo no me metí al mar y tiré una jaula con pescados, las ubicaciones fueron otorgadas por el Estado”, dice el CEO de la salmonera.

La familia Cooke fundó la compañía en 1985, en New Brunswick, Canadá. Partió como una piscicultura familiar, pero hoy (aún dirigida por uno de sus fundadores, Glenn Cooke) se ha convertido en una firma que factura US$ 4.000 millones al año, con 15.000 empleados, operaciones en 13 países y con distintas líneas de negocio que van desde harina y aceite de pescado hasta cultivos de camarones, lubina, dorada y salmón.

A pesar de su envergadura, en Chile es pequeña. En 2008 adquirió Salmones Cupquelán y sigue operando las mismas concesiones que tenía esa firma. Produce unas 20.000 toneladas de salmón al año, diez veces menos que AquaChile, la compañía que lidera el mercado.

Parodi, CEO regional desde 2014, dice en conversación con DF que jamás habían tenido problemas. “Esto no es el far west, yo no me metí al mar y tiré una jaula con pescados; las ubicaciones fueron otorgadas por el Estado de Chile en su oportunidad”, argumentó.

Andrés Parodi, gerente general de Cooke Aquaculture Chile. Marie Claude Plumer, superintendenta del Medio Ambiente. Fotos: Julio Castro y Archivo

170 mil peces perdidos

La situación cambió en 2021, cuando la SMA formuló cargos contra Cooke, acusando que las concesiones se ubicaban al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael, que la empresa estaba con sobreproducción y que esto podría causar daño ambiental.

La explicación de Parodi es que las concesiones datan de los 90’, cuando no existían las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) para éstas. Según el ejecutivo, solo se establecieron entonces mínimos de producción, denominados Proyectos Técnicos (PT). Décadas más tarde, de acuerdo a Parodi, la SMA cambió el criterio y consideró los PT como si fueran un máximo.

En la otra vereda está la SMA, que señaló al Tribunal Ambiental que la firma está autorizada para, en ese centro (Huillines 3), producir 125 toneladas, con el ingreso de 50.000 salmones. Sin embargo, Cooke manifestó su intención de sembrar 600.000 peces, que es lo que busca impedir la entidad.

A principios de 2023, la SMA ya había paralizado la siembra de Huillines 3, arguyendo que este se ubicaba en el Parque San Rafael. La compañía lo negó y aseguró que las operaciones estaban fuera del Parque, yendo al mismo Tribunal Ambiental para anular la resolución. Pero esta entidad descartó pronunciarse, porque al momento de emitir su fallo había vencido el plazo que tenía la empresa para concretar el periodo de siembra. Así, el Tribunal sentenció que dictar medidas, resultaba “innecesario”.

¿Qué pasó con los 170 mil peces del centro? Parodi cuenta que trataron de moverlos a otra instalación, pero al ser sometidos a ese estrés, murieron. Las pérdidas de la empresa fueron de US$ 1,5 millones, estimó el gerente.

Cooke versus SMA

Hay un ingrediente adicional en el caso. En diciembre de 2023, el Gobierno aprobó relocalizaciones de los centros Exploradores y Huillines 1, de Cooke. La idea era, después, hacer lo propio con los Huillines 2 y 3. El documento fue firmado por Parodi; los ministros de Economía y Medio Ambiente, Nicolás Grau y Maisa Rojas; y por los subsecretarios de FFAA y Pesca, Galo Eidelstein y Julio Salas.

En ese documento el Gobierno se comprometió a respetar los derechos adquiridos y el desarrollo de la actividad mientras se trasladaban las operaciones. Según Parodi, la SMA incumplió esa promesa.

Consultada, la SMA sostuvo que la relocalización no es incompatible con los procedimientos sancionatorios y que no tiene un deber de “inhibirse para adoptar las medidas correspondientes para prever un riesgo de daño inminente al medioambiente”.

La institución recalcó que el Parque San Rafael destaca por la protección de fauna marina, aves y flora y que la contaminación de suelos y/o fuentes de agua les amenaza directamente. La “mayor producción genera un aumento de la cantidad de contaminantes y desechos (...) afectando negativamente la biodiversidad”, planteó.

Parodi arremetió contra la SMA. Aseguró que ha tomado un tono confrontacional porque ve que hay una expropiación y un abuso. “Por todo este proceso conozco personalmente a los ministros de Economía y Medio Ambiente (...) Creo que son gente de honor, que están dispuestos a cumplir. Lo que me preocupa es que esta entidad, que no es autónoma como el Banco Central, corra por colores propios y nos ponga a todos en una situación donde no queremos estar”, expresó, criticando la falta de coordinación entre las oficinas estatales.

La matriz canadiense, agregó, está decepcionada. Estiman que dejar de producir en Huillines 3 les significaría perder US$ 28 millones en ventas. De prevalecer el criterio de la SMA, indicaron que lo mismo ocurriría en Huillines 2, lo que elevaría la pérdida a US$ 56 millones. Por esto, Parodi explicó que ya ingresaron una reclamación ante el Tribunal Ambiental, pero que no descartan, en otra etapa, recurrir a los organismos internacionales como el Ciadi, dada su condición de inversionistas extranjeros.